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REGENERACION prende, que ni el Ministerio Público fué competente para instruir el procedimiento informativo en el caso Cortés Bonilla, ni el Gobernador, ni el Procurador General tienen facultad para encomendar esa instrucción un Agente especial, porque se viola el 14 Constitucional que exige, para juzgar, una autoridad previamente establecida por la ley.
No es cierto lo que dice nuestro ilustrado colega, de que el Procurador, al nombrar un Agente especial, usó de las facultades concedidas en las fracs. VI, XI y XlI del art, de la ley Orgánica del Ministerio Público, porque esas fracciones no son aplicables al caso, y porque ellas no facultan al Procurador para nombrar un Agente especial que usurpe las funciones dela Comisión del Consejo de Gobierno.
En homenaje la brevedad no reproducimos esas fracciones; pero basta leerlas para cerciorarse de nuestro acerto.
III.
El Consejo de Gobierno, contarme a la ley, debe estar merced del público para oir las acusaciones de los particulares. La opinión en contrario de Clarín de Oriente os opuesta e los principios legales que hemos mencionado, y la práctica en contrario también que se sigue en Puebla, según confesión del colega, es ilegal y funda los ataques ese Gobierno que, sin solemnida(les de ningún género, modifica las leyes arbitrariamente. Tal vez por ésto, jamás ha sido una verdad práctica en Puebla la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Si el Consejo de Gobierno es un Tribunal establecido previamente por la ley, parajuzgar 6, los Jefes Políticos delincuentes, y si conforme al art. 17 de la Constitución Federal, los Tribunales siempre deben estar expeditos para administrar justieia, no nos parece que esté en lo justo Clarín de Oriente, para negar a los ciudadanos poblanos el derecho de acusar sus mandatarios públicos, y para relevar al Consejo de la obligación de oir las acusaciones. Si el Consejo, como dico Clarin, se verla obligado a trabajar mucho (cuántas quejas habrá en Pueblafl. ese cs su deber ineludible.
IV.
Si, como hemos visto, el Agente especial mandado Tetela, usurpaba funciones públicas con autorización del Gobernador del Procurador (lcneral, la familia Cortés Bonilla hizo bien en negarse a declarar ante el funcionario intruso. Pero suponiendo, que ya es mucho suponer, que el Agente era autoridad competente en el caso, de todas maneras el proceso abierto ¡í esa familia. es arbitrario y atentatorio.
Las personas procesadas, solo podrían declarar como ¡iarte agraviado. como testigos.
Obligar la parte agraviada declarar es tanto como exigirle que acuse. Dos sabios preceptos de la loy de Procedimientos de Puebla, preceptos que ignoran las autoridades de ese Estado, los arts. 219 y 2189, ordenan que a nadie podrá, obligarse intentar una acción contra su voluntad y no se excitarú al agraviado a que se constituya acusador. Luego el procedimiento de esas autoridades ha sido ilegal, porque si la familia Bonilla era ¡Jai ta agraviada, no estaba obligada declarar.
Si se conceptuaron testigos las señoras acusadas, tampoco procedía el proceso por su negativa, sino, solamente, una corrección disciplinaria, una medida de apremio, confomie al art. 489 que dice. Los testigos que sin causa legal se meguen declarar. metían ser. premiadas por el uez. Los arts. 1917 y 1991 establecen los medios de apremio.
No blasonnmos de conocer profundamente la legislación del Estado de Puebla; pero abrigamos la creencia de no merecer el dictado de ligeros. Cuando incidimos en un error, tenemos la honradez y el valor suficiente de confesar nuestras faltas; lycra cuando estamos en lo justo, en lo recto, en lo honrado, seguiremos adelante, por más que nuestra crítica sea punzante y dolorosa.
Creemos haber estado circunspectos en nuestra réplica, como lo desea Clarm de Oriente, yesperamos que nuestro inteli