Archivo rebelde en
1900 08 07 001 4
1900 08 07 001 4 black white

REGENEBACIÓN. e fi.
toriamente erróneas, y como tales, se hacen acreedores la pública. censura.
Muchos son los errores que se notan en eso pedimento y ln mayor parte de muy grande trascendencia, como lo clemostrero»
mos on artículos sucesivos que verán la luz pública en esta revista. Por, hoy solo vemos. hacer evidente, que para que el Ministerio Público pudiese der un peso en su argumentación, le fué preciso desetenderse de une de las constancias procesales que tenía ¡i la vista.
Con relación el primer capítulo de ecuseción reasume su defense que no es otra cosa. el Pedimento del Ministerio Público. estos términos. Los hechos ejecutados por los Sres. Díez de Bonilla consistieron en enajenar uno de los objetos comprendidos en el arrendamiento celebrado con le Compañia. Limitada de Mensajerías y como la tal enajenación es un hecho contrario le naturaleza de tal contrato, que no transfiere la translnción de dominio, es por lo que tenía. toda le apariencia de hechos previstos y penados por la ley: Dejando para otra ocasión el discutir toda. la. trascendencia que tendría. que sé admitíera. esta doctrina, de que tan pronto como un hecho no esté de acuerdo con las condiciones naturales de un contrato, haya motivos para dictar una orden de prisión, sin haber leído préviamente el contrato, pere cerciorarse de que las condiciones naturales no hen sido modificadas por los contratantes, en el caso existia ln circunstancia de que el Sr. Wistano Velázquez, había leído el contrato de arrendamiento y sabia. que estaba facultado el Sr. Díez de Bonilla pero enajenar los bienes muebles do la negociación. Est e hecho conste de un certificado del Notario en cuyo protocolo existin lo. minute del contrato relativo y que certifica que en su oficina la. leyó el Sr. Juez Correccionel, y de este cortificación no hace mención ninguna el Sr.
Agente del Ministerio Público que firme el pedimento.
Aunque el contrato de arrendamiento, dice el Ministerio Público, produce accionos civiles, puede motivar el abuso de confianza desde el momento mismo en que el arrendatario enztjena FRAUDULENTAMENTE la cosa. arrendodn. después oita el art. del Código Penal que dice: que «siempre que un acusado se le pruebe que violó una. ley penal, se presumirfi.
que obró con dolo no ser que se averigüe lo contrario, que la ley exija la intención. dolosa para que lmya delito»
Estos dos preceptos condenan al Sr.
Juez Primero Correccional, lejos de defenderlo, como lo pretende el Ministerio Público, que comete una, petición de principio, pues lo que so trate. de demostrar es que esté probado que el Sr. Diez do Beni.
lla había violado una ley penal.
El Sr. Velázquez había ya averiguarlo que la venta se había hecho con autorización expiesa de lo estipulado en el contrato, pero mayor abundamiento, la presunción no existe en los casos en que se hace necesaria la comprobación de la intención dolosu, como lo es para. el caso definido por el art. 407 del Código Penal que exprese como primera. y principal condición para. le existencia del delito, que lo.
enajenación son fraudulenta. De modo que no hasta que haya existido una. enojerfilción sino que es preciso que see fraudulenm, y por lo mismo se está. en el caso de la.
excepción del mt.
Las reflexiones que hemos dejado apuntedns se imponen la simple lectura del eSCl ito que contiene el pedimento, porque son sobresalientes y manifiestos, y por ésto no hemos podilo menos que presentarles, nun sin entrar un estudio profundo de ellas y de su trascendencia, pero en los siguientes articulos, demostruiemos que admitidas estes teorías del Ministerio Público, quede. lefinitivamento elevada. ln. categogoria de precepto legal, le más temible de las tirnnlas, le del poder judicial, que puede disponer de la. fuerza. pública para. rcducir prisión cualquier ciudadano que llaga. un contrato, cuyas condiciones naturales hayan sido modificadas por el convenio de las portes, que es le ley de los contratos. z. 7:l. L. 41. 44. 32. o. 4. twin una. tr ñfia 33mm.